La inmatriculación de bienes por certificado

LA INMATRICULACIÓN DE BIENES POR CERTIFICADO

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Carlos LÓPEZ SEGOVIA
Vicesecretario para Asuntos Generales
de la Conferencia Episcopal Española

(Revista Ecclesia, n. 3.954, 22 de septiembre de 2018, pp. 6-7)

La inmatriculación de bienes en el Registro de la Propiedad mediante certificado de la autoridad eclesiástica competente -certificado eclesiástico- se remonta al s. XIX y ha permanecido vigente hasta el año 2015, a través de las reformas del sistema hipotecario español realizadas durante los diversos periodos constitucionales por los que ha pasado nuestro Estado[1].

Este instituto jurídico nació con el propio Registro de la Propiedad como solución al problema coincidente que se presentaba ante los bienes del Estado y los bienes de la Iglesia católica: se trataba de la existencia de una gran cantidad de fincas carentes de titulación, por lo que resultaba imposibilitada la vía ordinaria del acceso registral para dichos bienes, y, consiguientemente, se ralentizaría los distintos ámbitos jurídicos con los que interactúa el Registro de la Propiedad, cuando se tratasen cuestiones relativas a esos bienes inmuebles[2].

La inmatriculación es la primera inscripción registral, siempre de dominio, al a que le siguen la inscripción del resto de derechos reales y obligaciones existentes sobre un inmueble; no obstante, la función del Registro de la Propiedad respecto de su contenido es controladora, certificativa y/o probativa, nunca constitutiva, ya que la titularidad y transmisión de los derechos reales se produce conforme a lo establecido en el Derecho Civil, también cuando tales derechos corresponden o afectan a la Iglesia católica[3].

La solución, por tanto, debía ser la misma para las dos instituciones: la emisión de un certificado acerca del derecho real que se iba a inscribir; y con ello, se regularizaba el tráfico jurídico de bienes sin titularidad, se acrecentaba el número de fincas inscritas, se incrementaba la seguridad jurídica del Registro respecto a las titularidades y a los derechos y obligaciones emanados de ellas, y se agilizaba el funcionamiento de la administración cuando actuase en relación con este tipo de fincas[4]. No había equiparación o confusión entre la Iglesia y el Estado, sino identidad de las circunstancias de muchos de sus bienes, cuya adquisición era anterior al propio sistema y por ello se carecía de titularidad inscrita[5]. Además, esta vía de inscripción extraordinaria preveía la suspensión de dos años de la protección registral sobre el inmueble para permitir la posibilidad de reclamación en caso de transmisión a un tercero de buena fe[6].

En otras palabras, el legislador le interesaba en aquel momento un sistema registral que fuese ágil y favoreciese la inscripción, pues un sistema demasiado complejo podría dar lugar a una disminución de los actos registrales, con la consiguiente inseguridad jurídica respecto de derechos y obligaciones dimanantes, mientras que un sistema demasiado simple incrementaría las inexactitudes[7].

Cabe señalar también que hasta 1998 los templos católicos eran considerados fuera de comercio, y que escapaban a la posibilidad de ser inscritos por medio de ningún sistema, ordinario o por certificado, creando una situación de desigualdad respecto de otras confesiones, llegando a producirse por la inconstitucionalidad de la exclusión la dirección general de los registros del notario[8]. Este retraso de la aplicación a los templos católicos de la vía de la inmatriculación por certificado eclesiástico explica el motivo por el que se han inscrito paulatinamente entre 1998 y 2015.

No obstante, los tópicos, la falta de rigor, y los titulares rápidos, centrados sobre todo en inmuebles llamativos han descentrado el núcleo del problema y su solución: El sistema de inscripción, no solo beneficiaba a los grandes propietarios de inmuebles sin titularidad de dominio, es decir, la Iglesia católica y el Estado, sino que también beneficiaba a la Administración dado que se incrementaba notablemente la cantidad de fincas sin titularidad dominical que podían acceder al registro y se incrementa notablemente la seguridad jurídica respecto a ellas.

De no haberse facilitado a la Iglesia la posibilidad de inmatriculación por certificado dichos inmuebles no habrían podido inscribirse, pero incluso en ese caso, ello no significaría que el Estado pudiese inscribirlos a su favor, ni que fuesen bienes de propiedad estatal, habida cuenta del uso y disfrute continuado por parte de la Iglesia católica a lo largo del tiempo[9].

Sin embargo, el interés que despiertan las catedrales desaparece ante los pequeños templos sostenidos por lo fieles católicos, lo que nos lleva a la reubicación del problema: hay un continuo interés por identificar a la Iglesia católica con sus pastores, obviando que los fieles católicos también son ciudadanos y parte de la Iglesia católica[10]. La Iglesia católica no se identifica solo con los sujetos de autoridad que la representan y administran, sino que abarca a todos los bautizados o acogidos a ella, incluso provenientes de otros países, y la titularidad de los bienes a favor de la Iglesia les afecta en tanto disfrutan del uso de los mismos[11] y sostienen su mantenimiento.

Carece de rigor decir que la titularidad de los bienes inscritos por certificado eclesiástico corresponde a los «ciudadanos españoles» sin señalar el apellido «católicos» o que el resto de los ciudadanos también pueden disfrutar del valor cultural de dichos inmuebles en cumplimiento del art. XV del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979:

« La Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental, y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas, en el marco del artículo 46 de la Constitución».

Con todo, ya han pasado más de dos años desde las últimas inscripciones por certificado eclesiástico ya que el nuevo art. 206 de la Ley Hipotecaria, que eliminaba este sistema para la Iglesia católica entraba en vigor el 26 de junio de 2015. Reclamar ahora y no haberlo hecho conforme a derecho en tiempo y forma, aportando las pruebas pertinentes que se considerasen oportunas respecto del dominio de los bienes en cuestión, aunque realmente sea el Estado, sería contrario al principio de propia coherencia de los actos que rige el ordenamiento jurídico español, y cualquier juez lo apreciará al instante.

 


[1] Cf. J.Mª. LARRONDO LARRAZAGA, «Reflexión sobre la constitucionalidad del proceso inmatriculador de los bienes de la Iglesia del artículo 206 de la Ley Hipotecaria», Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado [=RGDC] 29 (2012) pp. 10-11 y 16; cf. R. BENEYTO BERENGUER, «Problemas jurídicos actuales del patrimonio de la Iglesia católica», RGDC 39 (2015) p. 13; y cf. Mª. MORENO ANTÓN, «Luces y sombras en el acceso de los bienes eclesiásticos al Registro de la Propiedad», RGDC 38 (2015) p. 19.

[2] Cf. J.Mª. LARRONDO LARRAZAGA, cit., p. 12.

[3] Cf. J.Mª. LARRONDO LARRAZAGA, cit., p. 16. El principio de seguridad registral está relacionado con el sistema de control en la transmisiones de inmuebles, pues la relación entre veracidad, carácter probatorio y control, se deduce de los efectos de la inscripción registral: 1) Legitimación registral sobre la existencia y pertenencia a su titular del dominio o de los derechos reales inscriptos, y presunción de a posición de los mismos. 2) Inoponibilidad, sobre todo en los casos en que el dominio o derecho real no se haya inscrito debidamente. 3) Fe pública registral, modificable solo judicialmente en caso de invalidez de la transmisión, por motivos que no consten en el Registro. 4) Presunción de veracidad de las inscripciones y sus efectos. 5) Salvaguarda judicial de los asientos y sus efectos mientras no se declare jurídicamente la inexactitud. 6) Protección judicial de los derechos inscritos. Al respecto cf. MINISTERIO DE JUSTICIA, «Registro de la Propiedad», en <http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/registro-propiedad&gt; (ref. 17/09/2018).

[4] Cf. L.J. ARRIETA SEVILLA, «La inmatriculación de fincas de la Iglesia católica por medio de certificación diocesana», Ius Canonicum 50/100 (2010) pp. 531-532; y cf. Mª. MORENO ANTÓN, cit., p. 23.

[5] Cf. J.Mª. LARRONDO LARRAZAGA, cit., o. 16; y cf. Mª. MORENO ANTÓN, cit., pp. 22-23.

[6] Cf. R. BENEYTO BERENGUER, cit., p. 10.

[7] Cf. L.J. ARRIETA SEVILLA, cit., p. 530.

[8] Cf. Resolución RJ 2002/2129, de 21 de enero de 2001, cf. R. BENEYTO BERENGUER, cit., pp. 9-10; cf. J. FORNÉS, «Inscripción de los lugares de culto en el Registro de la Propiedad. Comentario jurisprudencial», RGDC 38 (2015) 2; cf. L. RAUNO ESPINA, cit., p. 4, nt. 4 y p. 15.

[9] El sistema jurídico español no prevé la aplicación de conceptos novedosos de escasa precisión jurídica como el «supradominio público» o «dominio público superior o especial», cf. I. DE VARGAS, «El Ayuntamiento de Córdoba no puede inscribir a su nombre la Catedral, según la Asesoría Jurídica», Zenit 11/03/2016, en <https://es.zenit.org/articles/el-ayuntamiento-de-cordoba-no-puede-inscribir-a-su-nombre-la-catedral-segun-la-asesoria-juridica/&gt; (ref. 17/09/2018); y cf. A. CALERO, «El secretario cree que la mezquita es de los ciudadanos del mundo», el Día de Córdoba 11/03/2016, en <https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/secretario-cree-Mezquita-ciudadanos-mundo_0_1006999606.html&gt; (ref. 17/09/2018). Tales conceptos, derivados de otras actuaciones como las de la Unesco, obvian que este tipo de declaraciones no afectan a la propiedad del inmueble como reconoce el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, «Patrimonio Mundial. Presentación», en <https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial/presentacion.html&gt; (ref. 17/09/2018); y cf. Foro Europa Ciudadana, La Libertad religiosa en la UE: el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, p. 44.

[10] Cf. R. BENEYTO BERENGUER, cit., p. 17.

[11] Cf. R. BENEYTO BERENGUER, cit., 12-13.

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