Nota ante el Día Mundial de los Refugiados

Nota de los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y movilidad humana

Desde el año 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó que cada 20 de junio fuera el Día Mundial de los Refugiados. Con este motivo, los obispos de la Subcomisión para las Migraciones y movilidad humana de la Conferencia Episcopal Española queremos llamar la atención sobre este colectivo de población de más de 30 millones de personas, y que es uno de los más afectados por las consecuencias derivadas de la crisis del coronavirus. 

En cada continente millones de familias y personas se ven obligadas a huir, entre otros tantos peligros, del hambre, la guerra, la pobreza y la explotación, con el anhelo de buscar un lugar seguro donde poder construir una vida mejor para ellos y sus seres queridos.

Retos que plantea el Papa ante las migraciones

Acogemos las justas demandas de estas personas que llaman a nuestras puertas, y a quienes en este momento acompañamos desde las parroquias y otras entidades, sobre todo cuando lamentablemente quedan fuera de los dispositivos de acogida y viviendo con graves incertidumbres legales.

En esta jornada invitamos a todos a buscar con urgencia vías eficaces, solidarias y creativas para acoger los retos que el Papa Francisco lanza con el fin de atender a quienes escapan de las graves crisis humanitarias:

“Incrementar y simplificar la concesión de visados,

adoptar programas de patrocinio privado y comunitario,

abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables,

ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso,

garantizar la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos,

asegurar asistencia consular,

el derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad,

un acceso equitativo a la justicia,

la posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo básico para la subsistencia vital,

darles la posibilidad de movimiento y la posibilidad de trabajar,

proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular a la educación,

prever programas de custodia temporal o de acogida,

garantizar la libertad religiosa,

promover la inserción social,

favorecer la reagrupación familiar y preparar a las comunidades para los procesos integrativos” (FT n. 130).

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