Carta apostólica en forma de «Motu Proprio» sobre las personas jurídicas instrumentales de la Curia Romana

Carta apostólica
en forma de «Motu Proprio»

del Sumo Pontífice
Francisco

sobre las personas jurídicas instrumentales de la Curia Romana

«El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel» (Lc 16, 10a). Siguiendo la reforma general de la estructura institucional de la Curia Romana que he querido llevar a cabo a través de la reciente Constitución apostólica Preadicate Evangelium, es necesario también regular los diversos fondos, fundaciones y organismos que, a lo largo de los años, se han ido creando en el seno de las instituciones curiales y que dependen directamente de ellas.

Aunque tales entes tienen una personalidad jurídica formalmente separada y una cierta autonomía administrativa, debe reconocerse que son instrumentos para la realización de los fines propios de las instituciones curiales al servicio del ministerio del Sucesor de Pedro y que, por tanto, también ellos son, salvo que las normas que los instituyen de algún modo indiquen otra cosa, entes públicos de la Santa Sede. Por tanto, siendo sus bienes temporales parte del patrimonio de la Sede Apostólica, es necesario que estén sujetos no sólo a la supervisión de las instituciones curiales de las que dependen, sino también al control y a la vigilancia de los organismos económicos de la Curia Romana.

De esta forma, considerando el can. 116 § 1 del Codex Iuris Canonici, las personas jurídicas instrumentales serán claramente diferenciadas de las otras fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que, aunque radicadas en el Estado de la Ciudad del Vaticano, sin embargo nacen de la iniciativa de particulares y no son instrumentales para la realización de los fines propios de las Instituciones curiales. Estas se rigen por sus propios estatutos y no por estas normas, salvo disposición expresa en contrario.

Por tanto, con esta Carta apostólica en forma de Motu Proprio, establezco:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

El presente reglamento se aplica a las personas jurídicas instrumentales, entendiendo por tales las entidades que se refieren a la Santa Sede inscritas en la lista a que se refiere el artículo 1 § 1 del Estatuto del Consejo de Asuntos Económicos y que tienen sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano, con la exclusión de instituciones curiales y oficinas de la Curia Romana, de las instituciones vinculadas con la Santa Sede y de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Artículo 2

Supervisión institucional

La institución curial de la que depende canónicamente la persona jurídica vela por el correcto funcionamiento del ente en la consecución de los fines estatutarios. Para ello dispone:

a) el nombramiento y la sustitución de directores o representantes legales, si no reúnen los requisitos de integridad a que se refiere el art. 7, párrafo 1, let. h);

b) cancelar, previa consulta a los directores y al órgano de control interno, los actos contrarios a la ley o a los estatutos. La cancelación de la escritura no afecta los derechos adquiridos por terceros de buena fe;

c) la disolución del consejo de administración y el nombramiento de un comisario extraordinario, si los directores hubieren actuado en infracción grave de la ley o de los estatutos sociales;

d) la evaluación del contenido del plan de actividades de la persona jurídica con la posibilidad de enviar indicaciones sobre el cumplimiento de los fines estatutarios;

e) analizar las actas del órgano encargado de la administración de la persona jurídica, que deban serle remitidas, con la posibilidad de enviar observaciones sobre la correspondencia de las decisiones tomadas con los fines estatutarios;

f) expresar sus valoraciones sobre la correspondencia de los actos de administración extraordinaria con los fines institucionales, para la aprobación ad validatatem de la Secretaría de Asuntos Económicos;

g) presentar sus observaciones al proyecto de presupuesto y balance final, antes de que sean presentados para su aprobación.

Artículo 3

Vigilancia y control en materia económica-financiera

1. La Secretaría de Asuntos Económicos ejerce la supervisión y control sobre las personas jurídicas instrumentales de conformidad con su estatuto. En particular:

a) analiza los registros contables y brinda asistencia y apoyo;

b) previa consulta a la institución curial de la que canónicamente dependa la persona jurídica, expide la autorización ad validatetem para actos de administración extraordinaria;

c) nombra al presidente de la junta de auditores o de los auditores, o al auditor de cuentas o al auditor único, cuando así lo prevean los estatutos de las entidades señaladas en una lista especial aprobada por el Consejo de Economía, verificando su integridad, profesionalidad y ausencia de conflictos de interés;

d) podrá realizar verificaciones in loco;

e) analiza el desempeño de la gestión económica y administrativa y formula recomendaciones sobre las acciones correctivas que sean necesarias.

2. La Secretaría de Asuntos Económicos, previa consulta a la Autoridad de Supervisión e Información Financiera y a la Oficina del Auditor General, en cuanto sea competente, adopte o recomiende la adopción por parte de las personas jurídicas instrumentales de medidas adecuadas para la prevención y lucha contra actividades criminales.

Artículo 4

Registros contables

1. Las personas jurídicas instrumentales deberán presentar a la Secretaría de Asuntos Económicos el presupuesto y el balance final en los plazos que establezca la misma Secretaría.

2. A solicitud del Consejo de Asuntos Económicos o de la Secretaría de Asuntos Económicos, los registros contables deberán ser presentados a la Oficina del Auditor General o a un auditor externo que indique el Consejo de Asuntos Económicos.

3. Los presupuestos y balances finales de las personas jurídicas instrumentales, provistos de los informes exigidos por el estatuto y por la ley, se remiten a la Secretaría de Asuntos Económicos, que los presenta para su aprobación al Consejo de Asuntos Económicos. Antes de presentar el proyecto de presupuesto para su aprobación, el órgano de administración de la persona jurídica instrumental deberá recabar el dictamen de la institución curial de la que canónicamente dependa.

Artículo 5

Intercambio de informaciones

1. A la institución curial de la que canónicamente dependa la persona jurídica, la Secretaría de Asuntos Económicos y la Oficina del Auditor General, siempre podrá acceder a:

a) registros contables, documentos de respaldo e información relacionada con transacciones financieras;

b) los datos de identificación de:

  • asociados;
  • beneficiarios finales;
  • miembros de órganos de gobierno;
  • proveedores de servicios voluntarios;
  • donantes;
  • beneficiarios de las actividades o, si esto no es posible debido a la naturaleza de los servicios, las categorías de beneficiarios.

2. Las autoridades de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano intercambian información con el fin de llevar a cabo sus funciones institucionales de acuerdo con las normas vigentes en el Estado.

Artículo 6

Extinción y devolución de los bienes

1. Además de las causas previstas por la ley, por la escritura de constitución o por el estatuto, las personas jurídicas instrumentales son suprimidas y puestas en liquidación por decreto de la Institución curial de la que dependan canónicamente, cuando se haya cumplido el fin. o resulte imposible o contraria a la ley, o, en el caso de las asociaciones, cuando la reducción del número de sus miembros impida su funcionamiento. El decreto se comunica sin demora al Prefecto de la Secretaría de Economía.

2. A falta de disposición específica del estatuto o de la escritura de constitución, la institución curial de la que depende canónicamente la persona jurídica nombra uno o varios liquidadores.

3. Una vez satisfechos los acreedores y traspasados ​​los bienes, los liquidadores deberán levantar el balance final de liquidación y remitirlo a la Secretaría de Economía, que lo eleva al Consejo de Asuntos Económicos para su aprobación.

4. Previa indicación de la institución curial de la que dependa canónicamente la persona jurídica, los liquidadores disponen la devolución del patrimonio residual a las personas jurídicas indicadas por la escritura de constitución o por el estatuto. En cualquier otro caso, corresponde a la Sede Apostólica.

5. Posteriormente, la Secretaría de Asuntos Económicos comunica la aprobación del presupuesto de liquidación al Presidente de la Gobernación, quien con su propio decreto reconoce la extinción de la entidad y ordena su cancelación del registro de personas jurídicas.

6. Los registros contables, los documentos y los datos a que se refieren los artículos 4 y 5, y los libros societarios de la entidad suprimida, deberán ser archivados en la Oficina Jurídica de la Gobernación, la cual los conservará por un período de 10 años a partir de la extinción de la persona jurídica.

Artículo 7

Referencia a la ley vaticana

1. Salvo disposición en contra de esta legislación, las disposiciones generales establecidas por la ley vaticana en materia de:

a) requisitos de constitución de la persona jurídica;

b) inscripción de la persona jurídica en el registro del Estado de la Ciudad del Vaticano;

c) libros corporativos obligatorios;

d) obligaciones de registro y conservación;

e) medidas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva;

f) organizaciones sin fines de lucro y organizaciones voluntarias, si corresponde;

g) sanciones administrativas;

h) requisitos que deben poseer los miembros del órgano de administración y los liquidadores.

2. Se requiere autorización previa de la Secretaría de Estado para el establecimiento de personas jurídicas instrumentales y para su inscripción en el registro del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Artículo 8

Norma transitoria

Las personas jurídicas instrumentales existentes deberán adaptarse a las disposiciones del presente Motu Proprio en el plazo de tres meses a partir de su entrada en vigor.

Establezco que la presente Carta apostólica en forma de «Motu Proprio» sea promulgada mediante la publicación en L’Osservatore Romano, y posteriormente incluida en las Acta Apostolicae Sedis.

Dispongo que cuanto establezco tenga valor pleno y estable, también derogando todas las disposiciones incompatibles, a partir del 8 de diciembre de 2022.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 5 de diciembre del año 2022, décimo de Pontificado.

FRANCISCO

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